“Excluir no resuelve la migración, la agrava”, advierte la Red Clamor Chile, que hizo pública una declaración en la que expresa su preocupación por un proyecto de ley que busca restringir el acceso de personas migrantes en situación irregular a beneficios financiados por el Estado.
La red, que agrupa a organizaciones de Iglesia que trabajan por la inclusión de migrantes y refugiados en el país en colaboración con la Conferencia Episcopal de Chile, señaló que valora los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones. En ese marco, señaló que “la inmensa mayoría de los migrantes quieren colaborar crecientemente en este esfuerzo que puede traer paz, orden y prosperidad cuando está al servicio de la dignidad humana y de la cohesión social”.
Sin embargo, advirtió que el proyecto en discusión parlamentaria, que propone modificar el artículo 17 de la Ley 21.325, “no parece ser coherente con este horizonte”, al plantear restricciones al acceso a derechos sociales fundamentales.
Preocupación por el acceso a derechos fundamentales
Según la declaración, la iniciativa legislativa, a la que se busca dar prioridad, podría afectar el acceso a la salud, la educación y la seguridad social de familias migrantes que actualmente viven en Chile.
La Red Clamor Chile explicó que muchas de estas personas ingresaron al país en condición irregular “no por desprecio de la ley sino porque debían hacerlo para proteger sus vidas y no podían hacerlo de otro modo dada la situación de sus países de origen”.
Asimismo, alertó que el proyecto no contempla adecuadamente las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes migrantes que han crecido en el país y lo consideran propio, ni de quienes requieren protección internacional como refugiados.
Diálogo y advertencia sobre impacto social
Ante este escenario, la organización propuso abrir un diálogo transparente que permita visibilizar los riesgos de la reforma. En particular, advirtió que la medida podría “no sólo el horadar la cohesión social, sino el dañar la vida de los niños y niñas”, al plantearse como una política destinada a disuadir la migración irregular futura.
En ese sentido, enfatizó que “el daño a la niñez y sus familias no puede ser parte de un escudo fronterizo”, remarcó que este tipo de medidas no solo contradicen principios constitucionales, sino también compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos de la infancia.
La declaración también remarca que tales restricciones “contraviene la dignidad humana y la afirmación de la familia como núcleo de la sociedad”, poniendo en cuestión el enfoque de la política pública propuesta.
Dignidad humana y derechos sociales
En medio del debate, la Red Clamor Chile retomó palabras del cardenal Fernando Chomali, quien afirmó que “el derecho a los bienes sociales es anterior a la condición migratoria”.
Desde esta perspectiva, la red sostuvo que es posible avanzar en políticas que resguarden la seguridad y el control fronterizo sin vulnerar derechos fundamentales, insistiendo en que “podemos cuidar la frontera y la seguridad sin dañar ni la dignidad humana ni la cohesión social”.
La declaración fue suscrita por la hermana Gabriela Herrera, secretaria ejecutiva de la Red Clamor Chile, y por monseñor Moisés Atisha, obispo de San Marcos de Arica y referente de la red, quienes reiteraron el compromiso de la Iglesia con la defensa de la dignidad de las personas migrantes y refugiadas.
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