“Hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader Corona y a las instituciones competentes a una reflexión seria, al diálogo y acciones, basadas en los derechos humanos”. Es la petición que más de 120 organizaciones eclesiales y sociales hicieron al primer mandatario de República Dominicana toda vez que siguen violaciones contra los derechos humanos e injustas deportaciones de migrantes y descendientes haitianos en este país.
Conscientes de los desafíos del tema migratorio entre las dos naciones hermanas consideran que “no deberíamos abordar esta crisis como un problema aislado, sino como una oportunidad para fortalecer el tejido social y económico de nuestro país” y “creemos firmemente en la capacidad de nuestro pueblo para superar este desafío migratorio”.
“La historia del pueblo dominicano está marcada por la resiliencia y la solidaridad, valores que hoy nos llaman a actuar con justicia y compasión. Las acciones que se ejercen ante cualquier situación de crisis deben siempre respetar la dignidad humana y ajustarse a las leyes nacionales e internacionales”, recordaron.
Soluciones justas y compasivas
Han citado el mensaje de los Obispos dominicanos – fechado el 27 de febrero del año 2022 –: “No podemos hacernos de la vista gorda ante las penurias que sufren muchos inmigrantes en nuestro país”.
Por lo que piden comenzar una política migratoria con trato digno y clara hacia los migrantes haitianos y sus descendientes (nacidos en territorio dominicano), porque con base en “ella se tomen decisiones firmes y transparentes, con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.”
“Como comunidad de fe, creemos que cada persona es creada a imagen de Dios y merecedora de respeto y amor. El mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos nos impulsa a buscar soluciones justas y compasivas, que reflejen los valores de nuestro Creador”, apuntaron.
Atropello en los bateyes
Mientras tanto denuncian violaciones de derechos humanos en operativos migratorios a poblaciones de los bateyes como la ocurrida 15 de marzo del 2024 a las 2 a.m. en las comunidades del Seibo (Villa Guerrero, Santa Lucia, Km 4 y Km 8), donde “donde hubo violencia física y psicológica contra niños, mujeres embarazadas y personas vulnerable”.
Además rechazaron que “las personas detenidas deben pagar sumas exorbitantes para regresar a sus hogares”, por ende, exhortan a las autoridades “a actuar dentro de un marco legal que respete la dignidad humana”.
“Está claro que una docena de familias campesinas o de un barrio marginado de Santo Domingo no son quienes ponen en peligro la Seguridad Nacional, el hueco que causa mayor inseguridad en nuestra frontera es la Corrupción”, apostillaron.
Caso de los descendientes
Las organizaciones han pedido poner especial atención en los descendientes haitianos, quienes en los últimos años “han residido en el país de forma regular, es esencial para una política migratoria justa y eficaz que garantice el cumplimento pleno de la ley 285-04 y como lo establece la ley 169-14 del 21 de mayo 2014, para la regularización y naturalización”.
Añadieron: “Como sacerdotes, consagradas y agentes de pastoral levantamos nuestras voces en nombre de las familias, los trabajadores, los envejecientes, las mujeres embarazadas que ya viven entre nosotros y todos aquellos que han encontrado en la República Dominicana un hogar”.
Lamentaron que “a estudiantes haitianos, inscritos en nuestras universidades por vías formales y válidas, se les está negando la posibilidad de renovar sus visas y se les está impidiendo continuar sus estudios”.
Por ello, reiteraron que “los dominicanos somos un pueblo noble y hospitalario y los abusos que hemos señalado destruyen los valores más fundamentales de nuestra identidad”.
La situación de la hermana república de Haití “nos interpela a ser compasivos y nos obligan a detener las deportaciones y a dar una respuesta ética y legal a la crisis migratoria” sobre todo – como ha establecido el Papa Francisco en Dignitas Infinita – la acogida de toda persona obligada a huir de su tierra “es una forma importante y significativa de defender la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión”.
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