La Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo expresaron su preocupación por la creciente conflictividad social que atraviesa el país y reiteraron que el diálogo sincero y constructivo constituye la única vía legítima para alcanzar soluciones duraderas que permitan preservar la paz social y atender las demandas de la población.
A través de un pronunciamiento emitido el 31 de mayo, ambas instituciones hicieron un llamado urgente a las autoridades políticas, sectores movilizados, líderes sociales y a toda la ciudadanía boliviana para que prioricen el entendimiento y la concertación frente al escenario de tensión que vive el país.
El documento sostiene que el verdadero ejercicio democrático nace de la capacidad de escuchar las necesidades mutuas y alcanzar acuerdos sostenibles que garanticen la convivencia pacífica. En ese sentido, exhorta a todos los actores involucrados a abandonar posiciones rígidas y reconsiderar aquellas posturas que rechazan o postergan la instalación de una mesa de diálogo.
“La única salida para estos conflictos es el diálogo”
“Cerrarse a la concertación solo profundiza el sufrimiento de la población, desgasta la paz social y posterga las soluciones urgentes que la ciudadanía requiere y merece con justa razón. La verdadera valentía radica en tener la capacidad de ceder por el bien común”, señala el pronunciamiento.
Las declaraciones surgen en un contexto de rechazo de la Central Obrera Boliviana (COB) a participar en negociaciones con el Gobierno, manteniendo como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Consultado sobre esta situación, Mons. Giovanni Arana manifestó que la noticia fue recibida con preocupación por parte de la Iglesia y reiteró que no existe otra alternativa para superar el conflicto que no sea el diálogo. “Lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando: para nosotros la única salida para estos conflictos es el diálogo”, sostuvo el prelado, al tiempo de convocar a las organizaciones sociales y a sus bases a reflexionar y abrir espacios que permitan encontrar soluciones a la crisis.
Gestiones para acercar a las partes
Mons. Arana explicó que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo han mantenido conversaciones permanentes con distintos dirigentes sociales para generar condiciones que favorezcan un encuentro entre las partes. “No vamos a escatimar esfuerzos. Hemos estado durante todo este tiempo juntamente con la Defensoría del Pueblo en conversaciones con varios dirigentes para tener un espacio adecuado”, dijo.
A su vez, señaló que ambas instituciones han actuado como portavoces de las demandas planteadas por los movimientos sociales ante el Gobierno. Entre ellas mencionó la solicitud de anulación del mandamiento de apremio contra Mario Argollo, una medida que consideró importante para facilitar la participación del dirigente en un eventual proceso de diálogo.
“Hemos sido también portavoces hacia el Gobierno de las peticiones que los movimientos han exigido. Creemos que en eso se ha dado algún paso y estaremos todavía en contactos. Esperemos que estas horas, que son decisivas, permitan de verdad entablar este espacio para poder pacificar al país”, expresó. Añadió que la Iglesia realizó las gestiones necesarias para transmitir esta solicitud y resaltó que se trataba además de un pedido formulado públicamente por los sectores movilizados.
Rechazo a la violencia y a las medidas de presión
En su pronunciamiento conjunto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo recordaron que “el uso de la fuerza, la coacción o cualquier manifestación de violencia —venga de donde venga— jamás será un mecanismo propiciador de soluciones reales, sino un detonante de mayor rencor, odio y división”, advierte el documento.
Las instituciones subrayaron que la represión y los enfrentamientos no construyen puentes de entendimiento, sino que profundizan las divisiones y ponen en riesgo el derecho a la vida y la integridad de las personas.
Alertaron que la violencia genera heridas sociales que pueden tardar décadas en sanar y llamaron a reemplazar “la ofensa por la propuesta, las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”.
El sufrimiento de la población
Uno de los aspectos que Mons. Arana resaltó durante la entrevista fue el impacto que el prolongado conflicto está teniendo sobre miles de familias bolivianas que enfrentan escasez de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles debido a los bloqueos.
El prelado señaló que, en medio de las disputas entre el Gobierno y los movimientos sociales, muchas veces se deja de lado a un tercer actor fundamental: la población. “Durante este tiempo se ha hablado bastante del Gobierno y de los movimientos sociales que buscan reivindicaciones, pero muchas veces nos olvidamos también de este grueso de la población”, declaró.
Por ello, pidió tanto a las autoridades como a los sectores movilizados reflexionar sobre las consecuencias humanas de la confrontación: “Tienen que tener en cuenta que se está haciendo sufrir a bastantes familias y, lamentablemente, como siempre ocurre, son las familias sencillas, son los más vulnerables quienes tienen que enfrentar este tipo de situaciones”.
La Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo reiteraron su plena disposición para facilitar y acompañar espacios de encuentro que permitan recuperar la calma, reconstruir la confianza y avanzar hacia una solución pacífica de la crisis.
“Bolivia y su pueblo demandan de sus gobernantes y sectores movilizados la madurez y la sensibilidad necesarias para deponer intereses particulares en favor del bien común”, concluye el pronunciamiento.
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