En el marco de la Conferencia de Santa Marta, realizada en abril de 2026, actores católicos de distintas regiones del mundo hicieron pública una declaración conjunta en la que califican la actual crisis climática como “una profunda prueba moral” y urgen a la comunidad internacional a actuar con decisión en favor de la casa común.
El documento, titulado “Un momento moral para actuar en favor de nuestra casa común”, advierte que el Primer Balance Mundial del Acuerdo de París ha confirmado la necesidad de pasar de los compromisos a la implementación, evidenciando además una creciente brecha entre lo prometido y lo realizado.
Crisis climática que interpela la conciencia global
La declaración subraya que el contexto actual está marcado por el fin progresivo de la era de los combustibles fósiles y el auge de las energías renovables como la fuente más económica y de mayor crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, alerta que el aumento de la temperatura global por encima de 1,5 °C y la intensificación de los impactos climáticos evidencian no solo una crisis ambiental, sino también ética.
“Contamos con los conocimientos y los medios científicos, técnicos y financieros para luchar contra el cambio climático; solo nos falta el valor político colectivo para utilizarlos en pro del bien común y el bienestar de las personas y del planeta”, señala el texto.
En este contexto, retoma el magisterio del Papa Francisco en Laudato Si’, recordando que la creación es un don compartido, y recoge el llamado del Papa León XIV a una ecología integral: “El cambio climático pone en peligro la vida de todos los habitantes de este planeta y, por lo tanto, requiere una cooperación internacional y un multilateralismo cohesionado y con visión de futuro que sitúe en el centro la sacralidad de la vida, la dignidad dada por Dios a cada ser humano y el bien común”.
Transformación real
Los firmantes acogen con satisfacción las hojas de ruta de la COP30 orientadas a tres ejes: la transición para abandonar los combustibles fósiles, la detención de la deforestación y la movilización de financiamiento climático a gran escala. Subrayan que estos procesos deben entenderse como esfuerzos interconectados que permitan una transformación real, más allá de declaraciones políticas.
Recuerdan el compromiso asumido en la COP28 de triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la eficiencia energética hacia 2030, resaltando la urgencia de reducir emisiones, fortalecer la resiliencia climática, abordar pérdidas y daños, transformar los sistemas alimentarios hacia la agroecología y garantizar el acceso universal a energía limpia.
El documento advierte que una transición justa requiere financiamiento adecuado que promueva el desarrollo sostenible y evite profundizar las desigualdades, así como la protección de los bosques mediante el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Principios para una transición justa
La declaración establece seis principios esenciales que deben guiar las hojas de ruta climáticas:
- Centradas en las personas e inclusivas, con participación real de comunidades, pueblos indígenas y sociedad civil, garantizando derechos, medios de vida y acceso a la energía.
- Responsabilidad equitativa, reconociendo la deuda histórica y el rol de los países más ricos en la provisión de financiamiento accesible que no aumente la deuda del Sur Global.
- Transformación sistémica profunda, que abarque sectores clave como la energía, la agricultura y el uso del suelo, evitando impactos irreversibles en los ecosistemas.
- Alineación de las finanzas con los objetivos climáticos, desplazando inversiones desde combustibles fósiles hacia energías limpias y resiliencia climática.
- Transparencia y rendición de cuentas, mediante procesos continuos vinculados al marco multilateral climático.
- Enfoque político multinivel, que articule acciones globales con estrategias nacionales y locales adaptadas a cada contexto.
Recomendaciones para políticas climáticas inclusivas
El documento también presenta una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), entre ellas:
- Reconocer la participación y la toma de decisiones como derechos fundamentales, especialmente para pueblos indígenas, comunidades religiosas y grupos vulnerables.
- Institucionalizar mecanismos de consulta efectiva con organizaciones de la sociedad civil.
- Impulsar energías renovables descentralizadas y de propiedad comunitaria.
- Reducir la dependencia de minerales críticos mediante economía circular y gestión de la demanda.
- Integrar los derechos humanos en todas las estrategias de transición.
- Proteger a defensores ambientales y garantizar un espacio cívico seguro.
- Fortalecer capacidades técnicas y financieras para el diálogo y la acción climática.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas que incorporen las voces de comunidades y actores sociales.
Santa Marta como puente hacia la acción
Los actores católicos remarcan el papel de la Conferencia de Santa Marta como un espacio clave para conectar la ambición climática con la implementación concreta. Señalan que este proceso puede fortalecer la cooperación multilateral y generar impulso hacia la COP31 con resultados medibles.
Instan a que las hojas de ruta presidenciales se integren en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con gobernanza clara, plazos definidos y mecanismos de revisión que refuercen la credibilidad internacional.
Llamado a los gobiernos
La declaración concluye con un llamado a los gobiernos a ejercer liderazgo ético, alineando sus políticas con el objetivo de 1,5 °C y promoviendo transiciones justas basadas en las prioridades de las comunidades.
Se hace hincapié en que los países del Norte Global deben ampliar el financiamiento climático, reducir emisiones y facilitar la transferencia tecnológica, mientras que los países del Sur Global están llamados a impulsar modelos de desarrollo equitativos e inclusivos.
“Estamos dispuestos a trabajar con ustedes para lograr políticas que garanticen un presente y un futuro dignos para todas y todos, basadas en el compromiso de cuidar la creación”, concluyen los firmantes.
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