«Como vida religiosa lamentamos que en la sociedad sigan abriéndose puertas a estas manifestaciones de violencia contra la mujer,» afirmaron los miembros de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) en el comunicado que expresa su repudio frente a los actos de violencia de los que fue víctima una de las religiosas de la congregación de las Hermanas Teresitas Contemplativas en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín.
El organismo se une a las voces de repudio que, desde la Iglesia y la sociedad civil, lamentan los hechos ocurridos el 23 de enero en zona boscosa del Monasterio, por lo que solicita a las entidades encargadas de la investigación que este “no sea un caso más que quede en la impunidad, sino que, por el contrario, se haga justicia y se logren esclarecer los hechos».
Dolor que une
Una solicitud que hace la vida religiosa de Colombia, pensando en el bienestar de la víctima y su comunidad religiosa. «Consideramos que estos hechos son abominables desde todo punto de vista. Cualquier abuso, agresión, maltrato o forma de violencia que se ejerza contra la mujer,» en este caso contra las consagradas a las que desde la Conferencia de Religiosos de Colombia ofrecen su cercanía espiritual, así como su respaldo en estas dolorosas circunstancias.
«Acompañamos y nos solidarizamos con las Hermanas Teresitas Contemplativas que hacen parte del monasterio, en estos momentos de dolor, tristeza e impotencia que provoca un acto tan repudiable como el que ha vivido su religiosa y compañera de vida,» afirman.
Pensando en la consagrada, la Conferencia de Religiosos de Colombia (CRC) aboga para que Dios le conceda una pronta recuperación y le ayude a superar los traumas, dolores y profundas heridas que han quedado en su vida por causa del suceso. «Sabemos y confiamos en que el Señor a través de su Santo Espíritu, pasará sanando y devolviendo la salud a nuestra querida hermana y a toda la comunidad del Monasterio de Santa Teresita,» agregan.
Estado crítico
La noche del 23 de enero la Madre Superiora de la comunidad detectó la ausencia de la religiosa durante la cena y salió en su búsqueda en compañía de otras hermanas. La religiosa de 31 años fue hallada por sus compañeras en una quebrada que pasa por una zona boscosa del monasterio.
Al momento del hallazgo, la mujer estaba desorientada, casi inconsciente e inmovilizada con cadenas que rodeaban su cuello y manos; además de presentar múltiples traumatismos por golpes, indicios de tortura y evidentes signos de acceso carnal violento tras ser despojada de sus hábitos y prendas de vestir halladas en el bosque.
De inmediato, la religiosa a la que le robaron dos tarjetas bancarias empleadas para las compras del monasterio fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por la gravedad de sus heridas. Los exámenes practicados comprobaron el alcance de sus heridas y la naturaleza sexual del ataque.
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Investigaciones y primeros resultados
Este 25 de enero de acuerdo con las investigaciones preliminares, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, indicó que al parecer ya hay dos sujetos que presuntamente serían los responsables del crimen.
«No vamos a descansar hasta que respondan. Eso no puede pasar. Quiero hacer un llamado contundente. Nada de violencia contra las mujeres. Lamento mucho este suceso», afirmó el mandatario de la segunda ciudad más importante de Colombia. Por su parte el general Oscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, explicó que «al llegar a la zona nos encontramos con que la religiosa fue agredida físicamente y se presentó el hurto de unas tarjetas débito».
Sin embargo, para no entorpecer la investigación no se revelarán más datos de los sospechosos”. El llamado de las autoridades es a no naturalizar las diferentes expresiones de violencia contra la mujer y que cualquier caso sea denunciado a la denominada línea púrpura de la Agencia Mujer. Los estudios afirman que entre enero y septiembre de 2023 en Colombia se registraron 410 feminicidios, se alcanzaron a documentar 35 mil casos de violencia intrafamiliar y se practicaron 16 mil exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales.
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