La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), Pastoral social Cáritas, organizaciones católicas y congregaciones religiosas en Panamá han expresado su preocupación por el avance de la minería en el país centroamericano.
“Fundados en el Evangelio, en la Doctrina Social de la Iglesia y en la palabra del Papa Francisco, hemos analizado el nuevo contrato del Estado panameño con Minera Panamá y la misma realidad minera de nuestro país”, han dicho.
A partir de estas consideraciones han denunciado que “la minería metálica no es viable, ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá. Esto está avalado por muchos estudios internacionales y nacionales”.
“Nuestros obispos lo han confirmado: No hay dinero en el mundo que pueda compensar el daño que la extracción minera puede causar a corto, mediano y largo plazo”, añadieron.
Efectos de la minería
Han denunciado que el área de concesión minera estará en medio de la zona protegida de Donoso y el corredor biológico mesoamericano, para un total de 17,780.38 hectáreas, incluyendo la instalación de manejo de relaves, lo que “contradice nuestro ordenamiento legal”.
Advierten que el ingreso mínimo garantizado de la minera al Estado por 375 millones de dólares es relativo por múltiples razones, entre estas por las bajadas del precio del cobre en el mercado, lo que “no constituye una garantía real”.
Además han establecido contratos “bajo condiciones inferiores de trabajo” violando las normas laborales establecidas, con salarios más bajos en contraste con el resto del país. Eso sin agregar que la minería atenta contra las fuentes de agua y afectará a las poblaciones ribereñas cuenca abajo.
Ciudadanía ecológica
Frente a esta situación, “queremos mostrar nuestra fe con nuestras obras, por eso no podemos avalar un contrato de este tenor que, además, contiene contradicciones con nuestra legislación ambiental y constitucional”.
Hicieron un llamado al parlamento para que haga “una reflexión seria y profunda” y “no acepten la firma de este contrato que lesiona gravemente, no sólo nuestra soberanía sino también el futuro del pueblo panameño y de nuestra Casa Común”.
Por tanto, “la lesión a nuestro país, que llevó a la Corte Suprema de Justicia a declarar ilegal el contrato anterior, se mantiene, ya que las ventajas para la empresa son ahora mayores”.
Las organizaciones invitan a todos los cristianos, a las universidades, organizaciones ambientales y demás, para que “propongan un cierre escalonado de la explotación minera, con plazos razonables, en concordancia con los esquemas legales y los convenios internacionales y con la posibilidad de auditoría social para la debida transparencia y cumplimiento”.
Es urgente “crear una ‘ciudadanía ecológica’ que nos lleve a comportamientos que tengan incidencia en el cuidado del ambiente. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa”.
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