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La Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní (Regchag) manifestó su “profunda preocupación y enérgico repudio” por la detención del mburuvicha Santiago Ramos, líder de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ocurrida en Misiones, Argentina, vinculada a una causa por “supuesta usurpación” en tierras ancestrales reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El documento señala que la detención se da en medio de un conflicto territorial con la empresa forestal Arauco, a la que se le atribuye el avance sobre territorios ancestrales. En ese sentido, Regchag remarca que dichas tierras han sido reconocidas por el Estado conforme a la Ley 26.160, reafirmando la validez de la ocupación indígena.

Operativo cuestionado y vulneración de garantía

Con base en los datos disponibles, el procedimiento incluyó la irrupción de efectivos policiales en el territorio, la detención de Ramos junto a otros miembros de la comunidad y el traslado de mujeres, niños y niñas a una dependencia policial. Regchag señala que estas medidas dejan ver “la ausencia de garantías básicas” y la “falta de información clara sobre las actuaciones”.

Asimismo, el documento advierte sobre la inobservancia de protocolos dirigidos a pueblos indígenas, junto con la falta de acceso a la defensa y a las actuaciones judiciales. Regchag considera que esta situación configura un cuadro de “extrema vulnerabilidad” para la comunidad.

Contexto internacional y denuncias previas

Los hechos se registran pocos días después de que la comunidad presentara su situación ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, denunciando el avance territorial, la ausencia de consulta previa y la afectación de derechos básicos. Según el comunicado, la respuesta estatal “refuerza la criminalización de la defensa territorial indígena”.

La organización señala como un hecho grave que se busque definir como “usurpación” una presencia ancestral protegida por la Constitución argentina y el derecho internacional. En ese sentido, subraya que “nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”.

Exigencias y llamado urgente

Ante esta situación, Regchag reclama la liberación sin dilaciones de Santiago Ramos y de los demás detenidos, junto con el cese de toda intervención coercitiva en el territorio. Además, insiste en el respeto irrestricto de los derechos territoriales, culturales y humanos del pueblo Mbya Guaraní.

El comunicado concluye enfatizando que “la defensa del territorio es un derecho” y advierte que penalizar a quienes lo protegen representa “una grave vulneración de derechos humanos y un retroceso inadmisible en materia de garantías fundamentales”.

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