La decisión del presidente Luis Abinader de suspender de manera inmediata el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, fue valorada por la Red Iglesias y Minería como un hecho significativo en la defensa del territorio, el agua y la vida. La medida, anunciada el 4 de mayo, se produce tras una serie de movilizaciones ciudadanas que alcanzaron su punto más alto el 3 de mayo, cuando miles de personas marcharon en rechazo a la iniciativa extractiva.
El mandatario justificó su decisión en el artículo 38 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconociendo el rechazo masivo de la población. “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”, expresó públicamente. La determinación fue recibida con celebraciones por parte de las comunidades de San Juan, que se congregaron hasta la noche para manifestar su respaldo.
Desde la Red Iglesias y Minería subrayan que este logro es el resultado de más de catorce años de organización social y eclesial en defensa del agua y el territorio. En este proceso han participado diversos actores, entre ellos la Iglesia Católica de San Juan, la Iglesia Evangélica del Suroeste, movimientos sociales, organizaciones campesinas, instancias académicas y autoridades locales, configurando una amplia articulación en favor de la vida.
Vida y soberanía alimentaria
El proyecto Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp., contemplaba la explotación subterránea de oro y cobre en el municipio de Hondo Valle, dentro de la Cordillera Central. Esta región es considerada estratégica por su riqueza hídrica y su importancia para la producción agrícola, siendo conocida como el “Granero del sur” por su aporte en cultivos como habichuelas, maíz y arroz.
En ese contexto, la provincia vivió el 27 de abril una huelga general pacífica de 24 horas, con una amplia adhesión ciudadana en defensa de las fuentes de agua y la vocación agrícola del territorio. La masiva movilización del 3 de mayo reafirmó ese sentir colectivo, consolidando un proceso que ahora se traduce en la suspensión del proyecto como reconocimiento a la voluntad popular.
Para la Red Iglesias y Minería, este proceso refleja el papel fundamental de las comunidades en la protección de la Casa Común, evidenciando que la defensa del agua se ha convertido en un eje articulador de la vida social, pastoral y territorial.
Desafíos pendientes
No obstante, la Red advierte que el desafío continúa. El proyecto Romero no ha sido cancelado de forma definitiva y forma parte de un escenario más amplio en el que existen cerca de 90 solicitudes de explotación minera en fase de exploración en el país. Asimismo, concesiones otorgadas en años anteriores permanecen vigentes, lo que podría reactivar conflictos en el futuro.
Ante esta situación, organizaciones del territorio han reiterado su llamado a avanzar hacia la cancelación definitiva de estas concesiones. Entre las propuestas planteadas se encuentra la declaración del área como Reserva Natural Romero, iniciativa presentada en 2022 que tiene el fin de asegurar la protección de los ecosistemas de la región.
En este sentido, la experiencia de San Juan se presenta como un ejemplo de articulación entre comunidades, iglesias y organizaciones en defensa del agua como bien común.
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