La Red Iglesias y Minería manifestó su preocupación por una serie de desalojos de comunidades indígenas ocurridos durante las últimas semanas en distintas provincias de Argentina.
En un comunicado titulado “Ante los desalojos de pueblos originarios en Argentina, levantamos la voz: la vida y los territorios no son mercancía”, la organización advirtió sobre lo que considera una creciente vulneración de los derechos de los pueblos originarios y pidió al Estado argentino a garantizar su permanencia en los territorios que habitan.
La organización vinculó esta situación con las políticas adoptadas durante el Gobierno de Javier Milei, entre ellas la derogación de la Ley 26.160, conocida como Ley de Emergencia Territorial Indígena. Según la Red Iglesias y Minería, a esta medida se suman distintos proyectos legislativos que podrían facilitar nuevos desalojos de comunidades indígenas.
Tres desalojos en distintas regiones
El pronunciamiento enumera tres hechos recientes. El primero ocurrió el 28 de julio, cuando la comunidad Mbyá Guaraní Puente Quemado II, ubicada en Garuhapé, provincia de Misiones, fue desalojada mediante un operativo de las fuerzas de seguridad provinciales. El segundo tuvo lugar el 10 de agosto en Humahuaca, Jujuy, donde se produjo el desalojo de la Comunidad Indígena Santa Rosa.
El tercer caso señalado por la organización corresponde a las comunidades mapuche Melo y Quintriqueo, ubicadas en la zona limítrofe entre las provincias patagónicas de Río Negro y Neuquén. La Red Iglesias y Minería denunció que fuerzas de seguridad provinciales y nacionales participaron en el operativo de desalojo.
“Estos desalojos, lejos de ser escenarios aislados, son recurrentes”, sostiene el comunicado, que interpreta los conflictos territoriales dentro de una disputa más amplia entre los derechos de las comunidades, la protección de la naturaleza y determinados intereses económicos.
Respeto de los acuerdos
La Red Iglesias y Minería también manifestó su preocupación por las modificaciones en el marco jurídico de protección de las comunidades indígenas y de la naturaleza. En este sentido, llamó la atención sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La organización considera que el debate sobre los territorios indígenas no puede separarse de la defensa de la vida y de la Casa Común. Desde esta perspectiva, cuestiona una lógica económica que, según sostiene, “prioriza los intereses económicos por encima de la vida”.
El pronunciamiento recupera también el mensaje del Papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonía. En particular, cita el número 14 del documento, donde se advierte sobre los emprendimientos que dañan los territorios y no respetan los derechos de los pueblos ancestrales a la tierra, la autodeterminación y el consentimiento previo. “Hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen”, recuerda la Red Iglesias y Minería al recuperar las palabras de Francisco.
Coherencia entre el decir, pensar, sentir y proceder
Desde su identidad cristiana, la organización manifiesta que existe una responsabilidad ética con las generaciones futuras y plantea la defensa de los pueblos indígenas como parte del camino de conversión ecológica integral. “Los pueblos indígenas nos han mostrado un camino de resistencia, amor por la Casa Común y coherencia entre el decir, pensar, sentir y proceder”, señala el comunicado.
El pronunciamiento concluye con un llamado directo al Estado argentino para que respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios que habitan y evite el uso de la fuerza en los conflictos territoriales.
“Interpelados por el clamor de los pueblos, conmovidos por el martirio sistemático a que han sido sometidos”, expresa la Red Iglesias y Minería, la red exhorta a las autoridades argentinas a cumplir también con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Foto de portada: Agencia Tierra Viva
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