La crisis carcelaria en Panamá y las denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad motivaron un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Panamá, que manifestó inquietud por las condiciones que enfrentan los internos en varios centros penitenciarios del país y reiteró su disposición al diálogo con las autoridades.
En un comunicado divulgado este 15 de junio, las instancias eclesiales expresaron su “profunda preocupación” por las situaciones reportadas en el Complejo Penitenciario La Joya y en las cárceles de Colón, Chiriquí y Coiba, tras la fuga masiva registrada en La Joyita el pasado 1 de junio. El documento fue suscrito por la licenciada Lidia Maribel Jaén, coordinadora de la Pastoral Social, y por fray Francisco Javier Palomares, coordinador de la Pastoral Penitenciaria.
En su mensaje señalaron que familiares de los reclusos han denunciado requisas presuntamente ejecutadas de forma “desproporcionada, humillante y abusiva”, situación que, advirtieron, estaría afectando gravemente la dignidad de las personas detenidas.
Denuncias sobre condiciones de reclusión
Entre las denuncias expuestas por la Iglesia figuran la confiscación de biblias, materiales de oración, documentos para audiencias judiciales y textos educativos, además de restricciones en el acceso a artículos de higiene, ropa y otros insumos esenciales.
El pronunciamiento advierte, además, sobre la disminución de alimentos, la escasez de agua potable y el desabastecimiento de medicamentos. A estas situaciones se suman denuncias por la falta de atención médica oportuna y las restricciones para que los familiares entreguen productos esenciales a las personas privadas de libertad.
Igualmente, la Iglesia plantea la inquietud por la prolongada suspensión de las visitas familiares y conyugales, así como por la paralización de los programas educativos, laborales y de resocialización en los centros penitenciarios.
“Toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos”, recordó el comunicado, que subraya que las penas impuestas no justifican “el abandono, la humillación o el trato cruel”.
Llamado a garantizar derechos
Entre los planteamientos formulados por la Iglesia figura la revisión de los procedimientos de requisa para garantizar que se lleven a cabo con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, así como la restitución del acceso a materiales educativos y religiosos.
Asimismo, pidieron garantizar una alimentación adecuada, el acceso al agua potable y la atención médica, así como permitir que organismos competentes y entidades independientes verifiquen las condiciones actuales de los centros penitenciarios.
“Como Iglesia Católica, no pedimos privilegios. Pedimos humanidad, justicia y respeto a la dignidad de toda persona”, enfatizó el pronunciamiento.
Problema estructural
El episcopado panameño alertó sobre la dimensión estructural de la crisis penitenciaria y recordó que las cárceles del país albergan a 24.840 personas, aunque fueron diseñadas para una capacidad de 14.695.
Si bien reconoció los esfuerzos del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General del Sistema Penitenciario para corregir deficiencias históricas, la Iglesia sostuvo que la crisis debe abordarse sin recurrir a medidas extremas y mediante políticas que promuevan la rehabilitación y la reinserción social.
Al cierre del pronunciamiento, la Iglesia exhortó a la sociedad a no permanecer indiferente y reiteró su compromiso de acompañar a las personas privadas de libertad y a sus familias. “La situación de encierro no puede convertirse en una condena al abandono, al silencio o al sufrimiento innecesario”, concluyó el mensaje.
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