Del 3 al 7 de julio los Obispos de Panamá celebraron su segunda Asamblea anual ordinaria en la que han analizado la realidad. Una realidad signada por un crecimiento económico que contrasta con la desigualdad, daños ambientales por la minería y un camino a las elecciones generales de 2024.
Los prelados señalaron, en un comunicado, que “hay una paradoja entre el crecimiento económico del país, el más significativo de América Latina, incluso después del covid-19”, pero que “no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados”.
Han lanzado una pregunta: “¿De qué sirve el crecimiento económico, si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo, que tenga como centro la persona y el bien común?”.
“Sin duda, este es el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios”, acotaron.
Flagelos de la minería
En cuanto al tema de minería han señalado que les sorprende ver como “diversos Gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas”.
Advierten: “La decisión de convertir a Panamá en un país minero, según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia, compromete ese futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los panameños y para la soberanía nacional”.
Han recordado el comunicado que suscribieron junto con La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam) – capítulo de Panamá, en el que manifestaron su preocupación por los posibles daños que “la minería de metales a cielo abierto podría causar a la vida, a la salud, al deterioro ecológico y a la contaminación de las aguas”.
Más allá de los beneficios económicos que pueda generar la minería “nos interesa cómo quedarán las personas, las poblaciones afectadas y el país en general. La contaminación o destrucción del ambiente son fruto de una visión reductiva y antinatural que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre”.
Por ahora, han pedido “a las autoridades respectivas a que no den más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada”, porque “la minería es un asunto de interés público y prioritario, en la que todos tenemos responsabilidad, pero particularmente las autoridades en la toma de decisiones, considerando su impacto en las futuras generaciones y nuestra Madre Tierra”.
Ambiente electoral
La ruta electoral de 2024 comienza, por ello, los Obispos han sugerido que “a partir de ahora, comencemos a prepararnos para participar con responsabilidad, visión crítica y constructiva en los procesos sociales y electorales de manera informada y siendo vigilantes para que se realicen con transparencia e integridad”.
Lamentaron que el ambiente político electoral haya llegado “con las mismas nefastas prácticas clientelistas, de denuncias de corrupción, de despilfarro de fondos públicos, de mal uso de los recursos del Estado para favorecer actividades político- partidistas y el excesivo dinero en las campañas. Pareciese que no tenemos esperanzas en transformar esta realidad, pero no es así”.
Proponen empezar “derrumbando aquellas murallas que nos separan y no nos permiten ver todo lo que nos une. Los cristianos no podemos ser indiferentes, dejando que el mundo siga su paso, arrollando a los débiles, a los indefensos, a los más empobrecidos, sin que hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos y desde nuestra fe”.
Como Iglesia tienen el compromiso de “promover la adopción de criterios y compromisos éticos, con la participación de los ciudadanos” y “a desarrollar espacios de formación ciudadana sobre la Ética de la política para que los laicos participen desde una actitud de servicio”.
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